mié. Mar 3rd, 2021

Chilpancingo, Gro., 17 septiembre del 2019.- La diputada Erika
Valencia Cardona propuso que la Asamblea de los Pueblos, de
acuerdo con sus usos y costumbres, participe en las tareas de
prevención y erradicación de la trata de personas en las comunidades
originarias, incluido el matrimonio forzado y la práctica de la dote como
negocio.
Al presentar su propuesta, la legisladora de Morena señaló que el
problema de la trata de personas es un fenómeno delictivo que se
encuentra extendido por todo el mundo y en el que México figura como
el segundo país con más víctimas de este delito.
Manifestó que el organismo no gubernamental “Tlachinollan” ha
denunciado públicamente que en la Montaña la marginación y pobreza
extrema orillan a algunas familias a entregar en matrimonio, a cambio
de una “dote” que se traduce en especie o dinero en efectivo, a sus
hijas que cumplen 12 años.
Recordó que para atender esta problemática, en el 2012 se aprobó la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, que establece penas de 4 a 10 años de
prisión y 200 a 2 mil días de multa al que obligue a contraer
matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en
dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia, o a
cualquier otra persona o grupo de personas que ejerzan una autoridad
sobre ella, además de la declaratoria de nulidad.
Expuso la diputada que su iniciativa tiene como finalidad erradicar y
prevenir el delito de trata de personas en los pueblos originarios, los

matrimonios forzados y la práctica de la dote como negocio, a través
de los miembros de las comunidades originarias.
También plantea que las comisiones de Asuntos Indígenas y
Afromexicanos y Para la Igualdad de Género del Congreso del Estado,
participen en la Comisión Interinstitucional para la Prevención,
Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y
Testigos de Trata de Personas en el Estado.

Iniciativas
Con el propósito de establecer penalidades de 6 a 12 años de prisión,
de 400 a 1200 días de multa y la reparación del daño a quien
descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o
industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos en canales
pluviales o cualquier lugar que no sea el destinado para el
correspondiente tratamiento, el diputado Moisés Reyes Sandoval
(Morena) propuso reformar el Código Penal del Estado.
El diputado Jesús Villanueva Vega, de Morena, propuso modificar la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para establecer que
el personal de las instituciones policiales que sea separado de su
cargo porque no cumple con los requisitos que señala la Ley, en
ningún caso procederá su reinstalación o restitución, cualquiera que
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo
en el procedimiento administrativo de separación.
Además, que el Estado o los municipios sólo estarán obligados a
pagar la indemnización que constará de tres meses de salario, 20 días
por año laborado y lo que resulte de los proporcionales del último año
en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima
vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite
que se pactaron expresamente.

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Por red7mx

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